Así lo consideró el abogado Simón Malavé en su charla sobre las implicaciones del proyecto de LEU organizado por el Sindicato Asociación de Profesionales Administrativos (ASPUDO), en Cumaná.

Malavé comparó artículos de la Constitución Nacional, proyecto de LEU vetado, Ley de Universidades y Reglamentos Internos de la Universidad de Oriente, destacando que el proyecto vulnera los derechos del personal administrativo, al no garantizar la autonomía universitaria, trasladar las competencias de las universidades hacia el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y cercena los derechos de los empleados.

Citó como ejemplo que las “competencias propias de la Dirección de Personal de la UDO como: capacitación, ingreso del personal, traslado y comisión de servicio, ascensos y clasificaciones, estabilidad y procedimiento disciplinario, apelación y recursos, pensiones y jubilaciones, sueldos, prestaciones sociales, permisos y licencias, previsión social y caja de ahorro, personal contratado, entre otros aspectos, estarían a cargo del Ministerio, es decir, del Ministro”.

En la charla, también el abogado afirmó que existe una inconsistencia con respecto a la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación (LOE) y el proyecto de Ley, pues en la Carta Magna, no se reconoce como comunidad universitaria a los empleados administrativos: se les da el derecho de elegir y ser electo en los cargos de elección popular, más no en el cogobierno universitario. Sin embargo, la LOE le reconoce al personal administrativo, el derecho de participación política, como miembros de la comunidad universitaria, garantizando el voto, al igual, que lo hace el proyecto de Ley, “de este derecho quedan exceptuados el personal contratado fuera de nómina, según lo expresa el proyecto en su artículo 79. Tampoco queda claro la paridad del voto”.

Otras de las inconsistencias con respecto a la Carta Magna, se refiere a los artículos 95 y 96 sobre la libertad sindical, es decir, el derecho de crear sindicatos y de celebrar contrataciones colectivas, porque en el proyecto de ley se establece que será un convenio marco donde se establecerán los derechos de los empleados, obviando los contratos colectivos y con la intervención de las federaciones y no de los sindicatos que actualmente hacen vida dentro de las universidades.

“La norma también obvia las confederaciones. Al igual que los derechos y beneficios derivados de las contrataciones colectivas suscritos por los actuales gremios como ASPUDO y ASEUDO, siendo la obligación de celebrar son convenios marco, los cuales tendrían que ser discutidos por las Federaciones con el Ministerio”.