El Sindicato Asociación de Profesionales Administrativos (ASPUDO) presentará a la rectora UDO, Dra. Milena Bravo un material conclusivo sobre las discusiones sobre la Ley de Universidades y en defensa de la autonomía.

Edgardo Ramírez, César Gómez, María Montañéz, Evelia Weffer, Juan Azocar, Jorge Romero, Dhinora Romero, Irma Márquez, Marycruz garcía, Gilberto Aray, Simón Malavé, Jesús Mendéz y Reina Gedeón, integrantes de la mesa 2 que abordó el tema, presentaron seis propuestas donde expresan la necesidad del cambio dentro del sector universitario, con la crítica constructiva hacia la derrota del estancamiento y el carácter conservador de la universidad durante las últimas décadas, desaprobando cualquier intromisión gubernamental en sus asuntos propios: académicos, administrativos y económicos.

Señalan que “La universidad es y debe seguir siendo autónoma, por tanto, entendemos la transformación actual, como una oportunidad que se nos presenta para ayudar a adecuar su estructura interna a los tiempos que corren y contagiar con los resultados a la sociedad y al Estado. Se proponer un debate y discusión institucional, de base y documental, que permita generar el nivel de conciencia necesario, primero dentro de la comunidad universitaria y luego fuera de ella, lo cual es fundamental para elaborar una propuesta de Ley de Educación Universitaria acorde con las aspiraciones del sector”.

También consideran que la universidad debe mantener sus competencias en función de un concepto amplio de autonomía universitaria que abarque: una autonomía académica, económica, financiera, organizativa y administrativa, como lo establece el artículo 109 de la Constitución de la República y el artículo 9 de la vigente Ley de Universidades y el artículo 5 de su Reglamento.

Los aspudistas reflexionaron sobre los derechos laborales adquiridos por los empleados administrativos universitarios, los cuales deben conservarse o en todo caso ampliarse, en razón de los principios de intangibilidad y progresividad, establecidos en los tratados de la Organización Internacional del Trabajo, en el artículo 89 de la Carta Magna, Leyes, Reglamentos, Reuniones Normativas Laborales y Contratos Colectivos celebrados válidamente entre la universidad y los gremios.

Asimismo están de acuerdo con la participación político-electoral de los empleados administrativos en los órganos del Gobierno Universitario, colegiados y unipersonales, siendo ésta una lucha histórica del sector que fue obviada durante muchos años por las autoridades universitarias.

En este sentido, reiteran que debe ser la propia institución que establezca las formas y condiciones de dicha participación, basada en la autonomía universitaria, que implica la participación en las elecciones de las autoridades universitarias, sin perder de vista su carácter de institución no política en sentido estricto, sino esencialmente académica, regida por sus propios principios, planteando a su vez, la colocación de un representante del sector de los empleados en la discusión y aprobación en asuntos del Consejo Universitario.

En cuanto, al sistema de control interno y externo actual de la universidad, así como a las normas que lo regulan para los Aspudistas son suficientes y se deben cumplir.

Por último proponen, incrementar progresivamente los aportes públicos y regularizar su entrega, mantener la obligación de rendir cuentas, evaluar a las instituciones y exigir mayor vinculación del sector, con respecto a lo planteado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 – 2013.