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Como burla consideran instalación de nueva Comisión de Pasivos Laborales

17 | 02 | 2012 11:57 pm
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Otra vez!. Hasta cuando ingenuidad, para no decir, complicidad. Hasta cuando el CNU-OPSU y autoridades universitarias se burlan, humillan y vejan a los trabajadores universitarios. Ya basta de tanto atropello.  La Ministra de Educación Universitaria instala la  “nueva” Comisión de Pasivos Laborales  designada por el CNU, con lo que se prolonga la larga espera. La Comisión la integran el Rector de la ULA, la Rectora de la UC, la Rectora de la UNEXPO, la Rectora de la Universidad de las Artes, el Consultor Jurídico del CNU, la Asesora Laboral del Ministerio de Educación Universitaria. Preside la comisión la Directora Adjunta de la OPSU. El objeto de la Comisión es “estudiar el cálculo de intereses de prestaciones sociales del personal universitario”.

Tema estudiado una y mil veces por distintos sectores. No se necesitan más estudios, lo que se necesita es  que el  patrono honre su obligación laboral con los trabajodres universitarios. Esta Comisión, con excepción de quien la preside, de la Rectora de la Universidad de las Artes y la asesora laboral del MES, está integrada por las mismas personas que formaron parte en el año 2009 de la Comisión de Pasivos Laborales designada, también, por el CNU, para cumplir el mismo propósito de la Comisión recien nombrada, presidida por el Director de la OPSU de la época. La Comisión del año 2009, elaboró, en mi opinión, el mejor documento técnico que se haya redactado sobre el tema de las prestaciones sociales en el sector universitario. Es evidente que se trata de una formalidad para darle largas a un asunto de particular interés de los trabajadores universitarios como lo es el derecho a cobrar oportunamente sus prestaciones sociales. Tengo un gran respeto y admiración por las Rectoras de Carabobo y UNEXPO, al igual, que por el Rector de la ULA y la Directora Adjunta de la OPSU. No imagino que del año 2009 al presente hayan cambiado de criterio. En esa oportunidad suscribieron solemnemente un acta que recoge los acuerdos a que llegó la Comisión. Es notorio que el compromiso de pago no se cumplió. Hicimos el ridículo.  Y, digo, hicimos, porque formé parte de la Comisión por invitación expresa del Dr. Antonio Castejón, Director de la OPSU. Todavía está fresca la tinta de las firmas de los suscribientes  del acta.

Hoy, de nuevo, el CNU-OPSU, tiende una celada a los trabajadores universitarios y los amigos rectores y rectoras caen, ingenuamente, en la trampa, arrastrando a ella a los trabajadores universitarios. Las autoridades universitarias, de ayer y de hoy, son total y absolutamente responsables por lo que ha sucedido y sucede con el pago oportuno de las prestaciones sociales en el sector universitario. Ellas han guardado un silencio cómplice.Se ha dicho hasta el cansancio que los criterios para el pago de las prestaciones sociales están perfectamente establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 92); Ley Orgánica del Trabajo ( artículos 108 y 663, antes, 672; y, en la Contratación Colectiva. ¿Qué busca el CNU-OPSU y la Comisión Rectoral? ¿ Continuar con la violación permanente y sistemática de la Constitución, la Ley y la Contratación Colectiva? ¿Continuar negando a los trabajadores universitarios el derecho a cobrar oportunamente y en vida sus prestaciones sociales? ¿Hacerle el juego a una autoridades universitarias y a un gobierno maulas y antitrabajdores que disfrutan del atropello que causan a los trabajdores? No, no es posible continuar.

Como afectado e interesado legítimo, por cuanto la UCV me debe las prestaciones sociales por 34 años de servicios, treinta en la UCV y cuatro en el viejo Ministerio de Sanidad, y esta deuda data desde el 01-01-2002, exijo a las organizaciones gremiales a levantar su voz de protesta frente a las medidas dilatorias que afectan los derechos laborales  para que, a su vez, exijan a las autoridades universitarias a entregar la data por concepto de deuda de prestaciones sociales en el plazo que dio, originalmente, la OPSU, que para el caso de la UCV, es el 24 de febrero del corriente año. Si tal cosa no sucede, los gremios deben adoptar un conjunto de acciones de carácter conflictivo en defensa de los intereses de los trabajadores, so pena de incurrir, también, en complicidad.

No hay que olvidar  que el diferimiento en la entrega de la data favorece a las Universidades que, irresponsablemente, no tienen al día la data o información y, al gobierno, porque, mañana, dirá que su intención era pagar y no lo hizo  debido a que las Universidades no enviaron la data correspondiente. El juego del gato y el ratón. Todo en perjuicio de los trabajadores universitarios.

Autor: Absalón Méndez Cegarra. Cédula de Identidad N° 2.287.255 enviado por Ronald Bellorin



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