Más de un año tiene la directiva del Sindicato  Asociación de Profesionales  Administrativos de la Universidad de Oriente esperando  por una audiencia con el Ministro de Educación Superior,  Ciencia y Tecnología  para reclamar  el pago  del aumento salarial decretado por el Gobierno Nacional.

La demanda se expresa a través de un comunicado publicado en el Diario El Nacional  el 23 de octubre que  califica como  atropello a unas 800 familias a las que el Gobierno,   viola derechos constitucionales, convenciones colectivas, Ley del Trabajo, Resoluciones Universitarias y ICCU para el sector universitario en su Cláusula 102.

Aunque el Ministerio reconoció, a través de un Acta con fecha 23 de abril 2014,  el derecho de los trabajadores y ordenó la transferencia de  los recursos  a la UDO, tal y como lo venía  haciendo en las  tres últimas décadas, posiciones personales y sin fundamento legal,  han represado  dichos  recursos.

 

 

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Mary Plazas

Comunicadora social y docente universitaria. Directora del portal y programa radial Universidad en Línea. Facebook | Twitter

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