La Conferencia Episcopal venezolana (CEV), al concluir su CXV Asamblea Plenaria el 7 de enero, denuncia la grave situación del país, violación de los derechos humanos, politización de la ayuda humanitaria, vejación de migrantes que huyen del país, y desconoce las elecciones e instalación de Asamblea Nacional.

El documento del episcopado califica las supuestas “elecciones” parlamentarias del pasado 6 de diciembre como un evento plagado de “serias irregularidades, poco concurrido y desconocido por un vasto sector internacional”. Además considera la escasa participación y los resultados “no expresan el querer del pueblo, ni reflejan el pluralismo social”.

Los obispos opinan que la instalación de la Asamblea Nacional “carece de fundamento democrático, en medio de un ‘revanchismo’, de una descalificación hacía líderes de la oposición, de amedrentamientos y amenazas de persecución” que no ayuda a resolver los problemas.

Insiste el episcopado en la necesidad de un cambio ante “las nefastas consecuencias de un modelo económico, impuesto por un régimen y una ideología de corte comunista que ha empobrecido a todos, especialmente a los más débiles”.  

Venezuela padece “los desaciertos de un mal llamado Plan de la Patria” que “pretende imponer leyes para ir creando el estado comunal” dirigido por personas que “no asumen la responsabilidad y la ética que emanan de ser gobierno”, es decir, la de promover el desarrollo, el progreso y bienestar de todos los ciudadanos, y  no la de “propiciar calamidades y ruina a la nación”.

En su exhortación pone de relieve la contumaz violación de los Derechos Humanos (DDHH) garantizados en la Constitución Nacional. Afirma que quienes los exigen se convierten en “víctimas de persecución y descalificación violenta y opresora, del acoso y extorsión” y no tienen a donde recurrir para denunciar dichas faltas. Hace referencia a los informes de la Alta Comisionada de la ONU, para los DDHH de junio de 2019; al de la Misión especial de la ONU del 15 de septiembre de 2020; y al de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya, del 14 de diciembre de 2020, todos ellos basados en “un gran número de expedientes de torturas y asesinatos que señalan crímenes presuntamente cometidos por funcionarios del actual gobierno”.

Denuncia que el deterioro de la calidad de vida, educación, salud, y servicios básicos, la inflación indetenible y la devaluación que ha empobrecido a toda la población, ha llevado a una migración forzada, que en lugar de ser protegida, es objeto de vejación por parte de los agentes policiales y militares a lo largo del camino. “Esta migración – subrayan los obispos – es la prueba más evidente del gran fracaso de las políticas públicas (económicas y sociales) ejecutadas por el Gobierno”. 

De allí que los obispos defiendan la proclamación de un nuevo derecho humano, propuesto por el Papa Francisco en la Carta Encíclica “Fratelli Tutti”, como es el Derecho a No Emigrar, pues todo país debe ofrecer a sus ciudadanos “las condiciones mínimas para su desarrollo y el de su familia, para no abandonar su tierra, sus seres queridos, su entorno cultural y sus  querencias”.

Piden que se garantice la libertad de acción de las instancias sociales intermedias y de permitir que las organizaciones no gubernamentales puedan ayudar a aportar soluciones a problemas de las comunidades en materia de alimentación, salud, educación y en general, en la promoción de los derechos humanos.

Concluye con una invitación a  participar en una Jornada Nacional de Oración y Reflexión el próximo 2 de febrero para mantenerse fortalecidos en Dios y pedir la resolución de los conflictos manera pacífica. Y a la espera, en este año 2021, de la Beatificación del Dr. José Gregorio Hernández, modelo de servicio y opción por los pobres, los obispos esperan que sea una ocasión para refundar a Venezuela con los principios de la nacionalidad inspirados en el Evangelio.

Fuente: Alina Tufani – Ciudad del Vaticano

Imagen: Conferencia Episcopal Venezolana (Cortesía de https://www.vaticannews.va)